Colectivo Berro Seco na Defensa dos Dereitos e Liberdades

BERRO SECO APONSE Á ELABORACIÓN DO PROXECTO DE REAL DECRETO DE VIXILANCIA EN SAÚDE PÚBLICA

MOTIVOS DA OPOSICIÓN

 

ALEGACIONES ENVIADAS AO MINISTERIO

 

Ejercemos nuestro derecho  legal,  en trámite de la consulta pública, para expresar sobre el Proyecto de Real Decreto de Vigilancia en Salud Pública lo siguientes:

Se presenta a consulta un proyecto de Real Decreto de Vigilancia en Salud Pública, sin información suficiente lo que dificulta poder presentar alegaciones, sugerencias a su contenido:

Se dice que el Real Decreto va a contemplar la creación de una Red de Vigilancia en Salud Pública “con el fin de coordinar los diferentes sistemas de vigilancia, incluido el sistema de alerta precoz y de respuesta rápida”. Se añade en el documento que la necesidad de creación de dicha Red de Vigilancia en Salud Pública es consecuencia de la pandemia de la Covid-19, la cual “ha puesto en evidencia la necesidad de contar con una red de vigilancia que garantice LA RESPUESTA FRENTE A FUTURAS EMERGENCIAS SANITARIAS”.

Se pretende, una reforma tal del sistema de salud actual que, necesariamente, exige una reforma legal que lo permita y ampare, comenzando por este Real Decreto. 

Se dice que irá dirigida a: protección de la salud, prevención de enfermedades en la población y la organización de respuestas para minimizar su impacto, mejora de la planificación de los recursos y definición de las líneas prioritarias de investigación.

Teniendo en cuenta dichos conceptos, cualquier norma debería contemplar el reconocimiento de mecanismos de prevención y conservación de la salud integral, partiendo  sobre todo de la sana nutrición y utilización de terapias naturales, eficaces y no dañinas, terapias que deben abarcar la salud física, emocional, mental, ya que  todas están conectadas, según dicha definición. Es preciso, saludable y  justo enseñar a los seres humanos a cuidar de su cuerpo-mente, a fortalecer la inmunidad y la verdadera resiliencia, la orgánica, la individual que, sólo una vez alcanzada, podrá unirse a otras y conformar una Resiliencia Social.

En las notas aportadas por el Ministerio, se utiliza la estrategia de fomentar el miedo para crear una dependencia de falsa protección y menoscabar la soberanía individual:

“El objetivo es preparar al Sistema para prevenir y afrontar posibles amenazas sanitarias globales como la derivada de la COVID-19 e incrementar las capacidades de salud pública y los sistemas de vigilancia epidemiológica”.

Es totalmente contrario al objetivo de una buena salud pública el enfocarla desde la “amenaza constante a un peligro”, ya que dicha amenaza altera la salud emocional, digna de protección según la definición de la OMS. Es contrario a una buena salud el mantenimiento de una sociedad en estado permanente de morbilidad, cuando orientan el foco de la renovación y transformación de este sistema sanitario hacia el incremento de “capacidades” (¿atribuciones de autoridad?) y de “sistemas de vigilancia epidemiológica” (¿control social?), que es lo que han estado ensayando, de forma autoritaria e ilegal, desde el inicio de la crisis originada por la Covid-19. No hay mejora para la salud en sus propuestas, lo que hay es una invocación constante a la enfermedad.

Las enseñanzas extraídas de la crisis de la COVID-19 nos dicen que este proyecto para la futura creación de una Red de Vigilancia en Salud Pública, tiene por objetivo la promoción de las drogas químicas y la utilización de otros productos de la industria farmacéutica más que una verdadera legislación para avanzar en el cuidado de la salud y máxime cuando no se contemplan otras opciones (como las anteriormente mencionadas) o como hemos visto con la negativa a aceptar ninguna alternativa para el tratamiento del coronavirus que no fuera la propuesta por la industria farmacéutica.

Se pretende la creación de esta Red cuando la misma atenta contra los derechos de los ciudadanos, garantizados en la Constitución (a la igualdad art. 14, integridad física y moral art. 15, derecho a la libertad art. 17, derecho a la intimidad art. 18), en el Convenio de Oviedo, en la Ley Orgánica de Protección de Datos, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre de Autonomía del Paciente, entre otras.

 

Este Proyecto de Real Decreto de Vigilancia en Salud Pública afecta directamente a los derechos y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución Española, cuando tal materia está reservada a Ley Orgánica.

 

Ademas se deduce que el Proyecto de Real Decreto de Vigilancia en Salud Pública invade competencias de las comunidades autónomas. Concretamente de la Comunidad Autónoma de Galicia.

 

Por todo ello y dado que se recaba mi opinión,

SOLICITO la paralización inmediata del Real Decreto de Vigilancia en Salud Pública por cuanto no es necesaria ni oportuna su aprobación.  Cualquier asunto relacionado con la necesidad de  Coordinación entre las Comunidades Autónomas puede abordarse en el Consejo Interterritorial de Salud

De continuarse con la  tramitación de la misma SOLICITO:

 

1º.-Su redacción responda a verdaderas razones sanitarias pero, sobre todo, cumpla, respete y no ataque derechos humanos básicos y fundamentales, y tampoco derechos recogidos en el Convenio del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos y Biomedicina (o en el Convenio de Oviedo) de abril de 1997 y ratificado posteriormente por diversos países (incluido el Estado español),  y derechos recogidos en la Ley básica reguladora da Autonomía do Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica (ley 41/2002, de 14 de noviembre), y la Ley Orgánica de Protección de Datos, y la Constitución (a la igualdad art. 14, integridad física y moral art. 15, derecho a la libertad art. 17, derecho a la intimidad art. 18) y las competencias autonómicas en materia sanitaria.

2º.-Que se contemple la creación de industria farmacéutica pública que tenga como fin la investigación y desarrollo de fármacos sin buscar el beneficio empresarial. Estipular una dotación presupuestaria suficiente para acometer este fin

3º.- Que se incremente al nivel necesario el presupuesto para la investigación pública de nuevas terapias y fármacos dando entrada a la investigación a la medicina natural y tradicional. Todo el presupuesto debe ser para la investigación pública, en beneficio del sistema público de salud y del desarrollo de la industria farmacéutica pública

4º.-Que la inclusión de los historiales médicos de las personas en base de datos sea precedida de su consentimiento por escrito y que esta base non pueda ser usada bajo ningún pretexto con fines comerciales ya sea de forma directa o indirecta. A la misma no tendrán acceso las industrias farmacéuticas a excepción de la pública si la hubiera.

5º.-Que se incluya la medicina natural y los tratamientos culturales de salud en el sistema público de enseñanza, investigación y tratamientos autorizados y amparados por la seguridad social.

6º.-Que se incluya dentro de la vigilancia sobre aspectos que pueden afectar a la salud los agro-tóxicos tanto autorizados como no. También los utilizados por las administraciones públicas y/o que esten prohibidos en otros estados por considerarse dañinos para la salud.

7º.-Que se incluyan mecanismos legislativos que obliguen a la industria farmacéutica a la liberalización de patentes.

8º.-Que se defina legalmente el término de emergencia sanitaria y sea aprobado en referéndum después de un amplio debate público y sin ningún tipo de censura del debate científico.

9º.-Que ponga el acento en la necesidad del cuidado de la salud para prevenir enfermedades y no solo en su tratamiento, promoviendo las medidas sociales, económicas y culturales necesarias y respetando siempre el derecho de las personas a decidir como quieren cuidar su salud.

10.- Que en ningún caso suponga recentralizar competencias que hoy están en las Comunidades Autónomas.

11.- Que en ningún caso se cedan competencias a instituciones internacionales incluida la Organización Mundial de la Salud

12.- Que ni las Comunidades Autónomas ni el Estado consientan o apoyen ningún tratado internacional que le reste capacidad de decisión en materia de salud y tratamientos médicos y que impida el derecho a decidir sobre como cada persona quiere cuidar su salud y ser tratada en caso de enfermedad.

13.- Que se  ponga fin al dogma y se garantice  el debate científico abierto y sin censuras